El Senado de la Nación aprobó este jueves dos iniciativas clave: un incremento del 7,2% en los haberes jubilatorios, junto con la suba del bono mensual de $70.000 a $110.000, y la prórroga de la moratoria previsional por dos años. Ambas leyes fueron sancionadas con el impulso de la oposición, lo que significó un fuerte revés político para el Gobierno de Javier Milei, que había anticipado su rechazo y advirtió que vetará los proyectos por su impacto fiscal.

La ley de aumento jubilatorio fue aprobada con 52 votos afirmativos y 4 abstenciones, superando los dos tercios necesarios para sortear un eventual veto presidencial. También se aprobó la prórroga de la moratoria con 39 votos a favor, 14 en contra y una abstención. Los votos provinieron de bloques peronistas, radicales, fuerzas provinciales y una parte del PRO. La Libertad Avanza, el grueso del PRO y otros aliados decidieron no participar de la sesión, alegando que fue inválida y anticiparon que judicializarán el caso.

La sesión comenzó pasadas las 14:15, con quórum asegurado por el interbloque peronista y el respaldo de senadores de la UCR como Eduardo Vischi y Martín Lousteau, además de legisladores provinciales como Carlos “Camau” Espínola y Alejandra Vigo. Guadalupe Tagliaferri, del PRO y cercana a Horacio Rodríguez Larreta, también participó. La oposición logró imponer el temario y dio validez a los dictámenes rechazados por el oficialismo, habilitando así el tratamiento de los proyectos.

Durante el debate, el senador peronista Mariano Recalde defendió el proyecto y sostuvo que, aunque el aumento “es mínimo”, cuenta con fuente de financiamiento propia y podría redireccionar partidas del presupuesto asignadas a la ex SIDE. Desde el PRO, Carmen Álvarez Rivero expresó su rechazo y pidió enfocarse en resolver el trabajo informal, mientras que Tagliaferri lamentó que en 2023 se haya avalado el veto presidencial y criticó al Gobierno por considerar a los jubilados como “la casta”.

La senadora rionegrina Mónica Silva subrayó la importancia de la aprobación y apeló a la “sensibilidad del Gobierno” para su implementación. Con este escenario, y ante el alto nivel de respaldo legislativo, la posibilidad de un veto presidencial reabrirá el conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso en las próximas semanas.