Investigan al parque Aquarium por presunta contaminación con desechos orgánicos en el mar

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La Justicia Federal ordenó allanar el predio tras detectar vuelcos ilegales en la red cloacal y el Mar Argentino. Buscan determinar si hubo infracción a la Ley de Residuos Peligrosos.

En el marco de una investigación por presunta contaminación ambiental, la Policía Federal Argentina (PFA) realizó este miércoles un allanamiento en el predio del parque marino Aquarium. El operativo, ordenado por la fiscalía a cargo de Carlos Martínez, tuvo como objetivo principal la toma de muestras de efluentes que se estarían vertiendo de forma irregular.

La causa se inició tras una denuncia que alertaba sobre la existencia de cañerías clandestinas. Los investigadores detectaron conexiones que realizarían vuelcos de materia orgánica y otros compuestos químicos tanto a la red colectora de Obras Sanitarias (OSSE) como directamente al Mar Argentino. Según la fiscalía, estas descargas representarían un peligro para la salud pública y el ecosistema local, bajo la posible infracción a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.

El foco en los directivos

La lupa de la justicia federal está puesta sobre la sociedad responsable del parque y sus directores actuales. Si bien Aquarium cerró sus puertas al público en marzo de este año, el predio aún funciona como centro de alojamiento para los animales que no han sido trasladados a otros hábitats o centros de cuidado. Se investiga si la actividad de mantenimiento de estas especies es la fuente de los desechos orgánicos detectados.

Operativo conjunto

Del procedimiento, autorizado por el Juzgado de Garantías N°1, participó personal especializado de la División Delitos Ambientales de la PFA, junto a técnicos de Obras Sanitarias (OSSE) y de la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires. Estos últimos fueron los encargados de constatar la existencia de los vuelcos contaminantes y extraer las pruebas que serán analizadas en laboratorio.

El caso, que se encuentra en la etapa de investigación y litigio, es supervisado por el fiscal general Daniel Adler y busca determinar el grado de responsabilidad de los administradores en el daño ambiental provocado en la zona costera de Mar del Plata.

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