La Defensoría del Pueblo bonaerense le reclamó a las estaciones de servicios de GNC de Necochea que se abstengan de realizar aumentos sobre el precio del metro cúbico del combustible, luego de que se registraran quejas por cobros desmedidos en el valor de ese combustible en la ciudad.

El organismo que conduce Guido Lorenzino se hizo eco de una presentación hecha por la diputada provincial Natalia Sánchez Jáuregui, quien pidió que la Defensoría investigue la posible violación a la Ley de Defensa de la Competencia, luego de registrar que en Necochea estaciones de GNC vendían el producto a un precio similar entre ellas, pero con más del 60% del valor al registrado en estaciones de ciudades vecinas.

Además, en la denuncia se tomó como argumento que el valor del transporte del gas es similar en toda la Provincia, por lo cual no sería razonable este porcentaje de diferencia entre las ciudades de la región, lo que podría significar una “cartelización” entre las estaciones de GNC necochenses.

“Buscamos determinar si esta conducta viola la Ley de Defensa de la Competencia, ya que genera una situación que no sólo afecta a quienes necesitan el GNC para su actividad privada, sino que también afecta a los sectores más vulnerables que utilizan este combustible para transportarse ya que es más barato que la nafta o el gasoil”, sostuvo Lorenzino.

Entre los argumentos que sostienen su postura, la Defensoría sostiene que ya ha sido corroborado que algunas estaciones de servicio de GNC del país han aprovechado autorizaciones de incremento del precio de los combustibles para aumentar los precios del metro cúbico de combustible, sin respaldo en alguna otra variable económica, en un contexto en el que Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) no tiene injerencia en el precio final de este combustible, tal como ha confirmado luego de un pedido de la Defensoría.

“El Estado de velar por los derechos de las y los usuarios y consumidores, en este caso la protección de sus intereses económicos, con políticas públicas que garanticen el acceso al consumo en condiciones de trato digno y equitativo, sin discriminaciones ni arbitrariedades por parte de los proveedores”, puntualizó el Defensor del Pueblo.