La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, con 142 votos afirmativos, 67 en contra y 19 abstenciones, un proyecto de ley que establece un aumento del 7,2% en todas las jubilaciones y pensiones -exceptuando los regímenes especiales- y eleva el bono mensual de $70.000 a $110.000. La iniciativa también contempla que el monto del bono se actualice automáticamente en función de la inflación.

El proyecto contó con el respaldo de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre e Independencia. Por el contrario, fue rechazado por La Libertad Avanza, el PRO y algunos bloques provinciales, mientras que la UCR decidió abstenerse.

Desde el oficialismo, que votó en contra, anticiparon que el presidente Javier Milei vetará cualquier medida que, según el Ejecutivo, comprometa el cumplimiento del superávit fiscal. Incluso antes del debate parlamentario, se difundieron proyecciones sobre el impacto presupuestario del proyecto, las cuales fueron cuestionadas por sectores de la oposición.

Para reducir el costo fiscal de la medida, la oposición incorporó al texto diversas fuentes de financiamiento: eliminación de exenciones impositivas -como el IVA para directores de empresas y el impuesto a las Ganancias para sociedades de garantía recíproca-, uso de los recursos ahorrados por la eliminación de recargos del FMI, nacionalización de fondos de ACARA y CSA, y el redireccionamiento de partidas asignadas por DNU a la exSIDE.

Según estimaciones, el incremento del bono a $110.000 representaría un costo fiscal equivalente al 0,26% del Producto Bruto Interno (PBI), un valor intermedio entre las propuestas de $105.000 (0,23% del PBI) y $115.000 (0,30%).

En tanto, el Ministerio de Economía proyectó que el ajuste del 7,2% en las jubilaciones y pensiones gestionadas por ANSES tendría un impacto de 0,20% del PBI en 2025 y 0,42% en 2026, acumulando un costo total estimado del 0,7% del PBI.