El Concejo Deliberante aprobó este jueves el presupuesto y el reglamento general de Obras Sanitarias con un aumento tarifario del 37%.

El expediente que había llegado al recinto con dictamen de comisión contenía un incremento de 38% –que ya había sido disminuido a pedido de los concejales oficialistas del 44% original solicitado por la empresa– y a último momento se redujo otro punto a pedido de Angélica González (Coalición Cívica).

Los concejales sancionaron el proyecto con la presencia en el recinto de un grupo de trabajadores identificados con el gremio que conduce Daniel Díaz, que exigía su aprobación para “garantizar” el funcionamiento de la empresa. Llegaron a amenazar con declarar un paro si el proyecto no era avalado, y celebraron con gritos y aplausos tras la votación.

La urgencia de aprobar el expediente la transmitieron los concejales de Agrupación Atlántica y la UCR. “Es indispensable que en el día de hoy podamos aprobarlo”, dijo el miembro informante del oficialismo, Mauricio Loria.

“De no aprobarlo hoy prácticamente se paralizaría a la empresa y más de 700 trabajadores no verían incrementados sus salarios”, alertó y agregó: “Se va a impedir que los vecinos tengan el servicio de agua que se merecen”. En el mismo tono, la radical Cristina Coria apuntó: “Necesitamos tomar una definición hoy”.

La aprobación del expediente venía demorada desde principios de año. Pero sufrió un contratiempo mayor cuando llegó a un plenario y volvió a comisiones porque el oficialismo no consiguió los votos. En el medio, el gobierno nacional promovió el paquete de medidas para paliar la crisis, lo que implicó el congelamiento de tarifas. Eso impulsó a algunos concejales, como Angélica González, a solicitar reducciones del aumento.

Loria dijo que, en rigor, el incremento en tratamiento no era del 38% sino “del 28% promedio”. Coria, su aliada en este asunto, volvió a hablar del 38% y destacó que llegar a ese porcentaje después de la proyección inicial del 44% representó una disminución presupuestaria de “aproximadamente $ 40 millones”.

El jefe del bloque de Unidad Ciudadana, Daniel Rodríguez, fue el primero que alzó la voz para sostener que “la gente no puede resistir más aumentos de ninguna índole”.

Su compañera de bloque Virginia Sívori, la más crítica durante el tratamiento en comisiones, insistió en que el aumento de OSSE “traslada” la suba del servicio de energía eléctrica que debe afrontar la empresa.

La concejal planteó que este tipo de empresas debería tener una tarifa subsidiada. “La búsqueda de este financiamiento tiene que ser del estado provincial”, señaló. Y enseguida agregó: “La tarifa de energía eléctrica de OSSE no puede ser la misma que la que paga cualquier otra empresa”.

Loria volvió a pedir la palabra para responderle. Mencionó que el alto costo de la energía eléctrica “no viene de esta gestión”. “Peor (que el aumento) va a ser que los vecinos se queden sin agua. Se va a paralizar la empresa y se van a ver perjudicados los trabajadores”, insistió.

El concejal arroyista indicó además que, entre las excepciones y subsidios que otorga, OSSE dejará de percibir “$ 115 millones por servicios que brinda”.

Los oficialistas remarcaron el acuerdo al que llegó la empresa con el sector de la construcción por el cargo de prefactibilidad.

Loria se ocupó también de enumerar las obras que contempla el cálculo de gastos y recursos: el Centro de Abastecimiento de Agua de Tucumán y Almafuerte, la planta de tratamiento de aguas cloacales, la licitación de una barrera flotante de desembocadura del Arroyo del Barco, la licitación de redes cloacales en el barrio Faro Norte y convenios para trabajos en el Arroyo del Tigre, El Cardalito, Corrientes y Los Patos.

Mencionó además la “regularización de Laguna de los Padres, el conducto pluvial de la calle Scaglia y el reservorio del barrio Dorrego”, así como el Acueducto Oeste. “Esta herramienta (por el presupuesto) va a permitir continuar con todo esto”, argumentó.

Malestar con González

Coria dejó en claro que la propuesta de último momento de Angélica González para bajar un punto el aumento previsto no cayó bien en el oficialismo. Consideró que se trató de una “situación un tanto insólita” porque el 38% ya era “el piso” de incremento acordado con la empresa.

“No estamos de acuerdo con manejarnos de esta forma”, lanzó. “Lo más difícil es hacerse cargo y responsable cuando uno tiene una obligación”, añadió, y recordó que una baja de un punto significaba una modificación más en los gastos y recursos de la empresa.

Sin embargo, la radical reconoció que quienes estaban a favor del proyecto debían aceptar el condicionamiento de la concejal de la Coalición Cívica para lograr su aprobación. “Nos sometemos a una posición que no tiene mayor fundamento”, disparó, y admitió que era “un manotazo de ahogado”.

Fuente: La Capital MDP