Así lo explicó Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto y responsable del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA).

Destacó el avance de la media sanción de la iniciativa que amplía derechos para madres, personas gestantes y NNyA que conviven con el virus que ocasiona el sida.

Cabe destacar que en la Argentina aún rige la ley de sida sancionada en 1990, siete años después de que investigadores dieran a conocer al mundo la existencia del VIH. Lo hicieron a través de una revista científica publicada el 20 de mayo de 1983.

El Defensor del Pueblo Adjunto explicó que “las y los NNyA constituyen un grupo de especial vulnerabilidad ante el VIH y el sida. A su vez, ante la situación de las infancias verticales, es decir, niños y niñas que adquirieron el VIH por vía materna y requirieron o requieren servicios infectológicos pediátricos, urgen respuestas integrales que aborden los diversos factores determinantes de la salud”.

Entre abril de 2018 y septiembre de 2021, en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) se notificaron 3.187 casos de VIH en embarazo. De estos, 1.448 (45,4%) no tenían consignada la fecha del parto.

En el capítulo 3 del proyecto, que ahora se encuentra en el Senado para su definitiva sanción, se atiende las necesidades de las personas gestantes con VIH y los recién nacidos para garantizar el derecho a la información sanitaria, el acceso a los medicamentos, el parto respetado y la realización de los tratamientos necesarios para evitar el contagio durante el parto y/o en los primeros meses de vida.

Entre otras particularidades, el proyecto busca garantizar el acceso de manera universal y gratuita a la leche de fórmula, así como al tratamiento de inhibición de la lactancia durante los primeros 18 meses, bajo resguardo de la confidencialidad.

El Defensor del Pueblo Adjunto remarcó que el proyecto permitirá que la Argentina esté en condiciones de cumplir con los estándares internacionales fijados por las Naciones Unidas. Concretamente, los países que integran la ONU se proponen poner fin al sida para el año 2030.

En esa dirección, los Estados suscribieron el compromiso de garantizar que de aquí́ a 2025 al menos 95 % de las personas en riesgo de infección por VIH (ubicadas en todos los grupos epidemiológicamente relevantes, independientemente de su edad y entorno geográfico) puedan acceder y utilicen adecuadamente las alternativas de prevención combinada apropiadas.

También se comprometieron a eliminar la estigmatización y la discriminación relacionadas con el VIH y a respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de las personas que viven con el virus, corren el riesgo de contraerlo.