El ministro de Infraestructura bonaerense cuestionó el uso de los recursos del Fondo Hídrico y acusó al Gobierno nacional de abandonar obras para prevenir inundaciones. También confirmó que participará de la audiencia pública por la privatización de AySA.
El ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, anunció que el gobierno bonaerense presentará una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por presuntos delitos vinculados al manejo de fondos públicos y el incumplimiento de obligaciones relacionadas con la infraestructura hídrica.
“Vamos a denunciar penalmente a Milei y a Caputo por el incumplimiento de la ley y el abandono nacional en infraestructura hídrica”, afirmó Katopodis durante una conferencia de prensa junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el titular de ARBA, Cristian Girard.
El funcionario señaló que el Fondo Hídrico recibe el 4,31% del Impuesto a los Combustibles, destinado a obras de prevención de inundaciones y recuperación de tierras productivas. Según los datos presentados, al cierre del primer trimestre de 2026 el fondo contaba con $339.993 millones, de los cuales $290.676 millones -el 85,49%- se destinaron a Letras del Tesoro.
Katopodis también cuestionó que la Nación no otorgue los avales necesarios para financiar obras hidráulicas en la provincia, entre ellas proyectos vinculados a la cuenca del río Salado y a conductos aliviadores en la cuenca de los arroyos San Francisco y Las Piedras.
En relación con la privatización de AySA, el ministro confirmó que participará el 26 de octubre de la audiencia pública para rechazar los aumentos tarifarios y reclamar un plan de obras. “La ganancia de los nuevos prestatarios y los tarifazos aplicados no garantizan ninguna obra de expansión, ni un solo metro de agua y cloaca”, sostuvo.
Según las cifras difundidas por el gobierno bonaerense, en el Área Metropolitana de Buenos Aires el 24,5% de la población no tiene acceso a agua de red y el 36,4% carece de cloacas. Además, señalaron que, mientras las tarifas de AySA aumentaron un 555% en términos nominales, la inversión en obras cayó un 75% en términos reales.
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