El proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei obtuvo 135 votos a favor y 115 en contra en la Cámara baja. La iniciativa avanzó en medio de protestas, acusaciones entre legisladores y ahora deberá ser ratificada por el Senado para convertirse en ley.
La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de reforma laboral del Gobierno por 135 votos afirmativos y 115 negativos, en una sesión marcada por la tensión política, escándalos en el recinto y manifestaciones en las inmediaciones del Congreso.
La iniciativa fue respaldada por los bloques de La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID y PRO), Producción y Trabajo, Innovación Federal, Provincias Unidas, Independencia y La Neuquinidad. En cambio, votaron en contra los legisladores peronistas, sectores de Provincias Unidas, la izquierda y algunos monobloques.
El proyecto deberá volver al Senado para su tratamiento definitivo, luego de que se eliminara el artículo 44, que establecía una rebaja salarial para trabajadores que sufrieran accidentes o enfermedades fuera del ámbito laboral. El oficialismo convocó a un plenario de comisiones para avanzar con el dictamen y tratar la iniciativa antes de la apertura de sesiones ordinarias.
La sesión comenzó con 130 diputados presentes y rápidamente derivó en un clima de confrontación. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, puso a votación el plan de labor a mano alzada, lo que generó protestas del bloque de Unión por la Patria, cuyos legisladores se acercaron al estrado para cuestionar el procedimiento. También se registraron cruces verbales y momentos de tensión, como cuando una diputada opositora interrumpió a un legislador oficialista apagando su micrófono.
Durante el debate, el titular de la comisión de Trabajo, Lisandro Almirón, defendió la reforma al señalar que el actual sistema “expulsa a las personas de la formalidad” y remarcó que el país enfrenta una “incapacidad de crear empleo genuino”, con altos niveles de informalidad laboral.
Desde la oposición, el diputado Sergio Palazzo advirtió que la reforma provocará “una catarata de pedidos de inconstitucionalidad” y sostuvo que representa “un brutal retroceso histórico en los derechos de los trabajadores”. En la misma línea, otros legisladores cuestionaron los cambios en el sistema de indemnizaciones y el impacto sobre los convenios laborales.
El oficialismo, en cambio, defendió la iniciativa al considerar que el marco laboral actual es “vetusto” y contribuye a la informalidad y a la litigiosidad, al tiempo que aseguró que la reforma busca modernizar el sistema y fomentar el empleo formal.
La aprobación se produjo tras más de diez horas de debate y en un contexto de paro general convocado por la CGT y protestas de organizaciones sindicales y sociales, tanto dentro como fuera del Congreso.
