La gestión (y la ausencia de gestión porque no) del intendente Guillermo Montenegro está conjurando una tormenta perfecta para el transporte de la ciudad. La incapacidad de conducir el proceso hacia un nuevo pliego de transporte de colectivo (que este en línea con las necesidades del vecino y vecina), el inminente vencimiento del pliego vigente, la falta de controles en pandemia y, ahora, el desproporcionado e injustificado aumento de tarifa propuesto, se conjugan para poner en serio peligro la prestación del servicio y para perjudicar, una vez más, al usuario.

El servicio del transporte público es central para la vida vecinal y el desarrollo activo de la ciudad. Ya sea para el trabajo, el estudio o el disfrute general del espacio ciudad, el vecino planifica su vida incorporando al servicio de colectivos como pieza fundante. No solo eso, el propio espacio urbano se desarrolla alrededor del mismo, ya que vivienda, comercio e industria se posibilitan y valorizan en base a la conectividad, siendo el transporte público garante primero y último de la misma.

Calidad del servicio y tarifa son entonces ejes sobre los que gira y se justifica el transporte público, ya que sin calidad no cumple sus fines y con una tarifa desproporcionada se hace inaccesible, cosa que conforma el núcleo de la movilidad en colectivo.

El gobierno del Intendente nos propone una tarifa de $ 93,69 como resultante de su estudio de costos, esto como respuesta a la petición del empresariado de un boleto de $ 96,06. Ambas propuestas superan en más de un 160% la tarifa actual ($ 35,24). Si tomamos en cuenta diciembre del 2019 como punto de partida del gobierno del intendente la suba -con el aumento propuesto- sería del 416%. Para graficar, la inflación interanual marzo 2020 marzo 2021 fue de un 53%.

Siguiendo la lógica del Intendente a un trabajador que use el boleto plano más barato para ir y volver de su trabajo gastará $ 4.684 al mes. El salario mínimo vital y móvil hoy por hoy es de $ 24.408.

Esto se torna aún más grave cuando se toma en cuenta que el propio Intendente, al momento de discutir el nuevo pliego de transporte, presentó ante la sociedad el estudio de costos realizado por la Universidad Nacional de Mar del Plata en donde decía que el boleto debía valer $ 37.25 al momento de entrar en vigencia el nuevo sistema. El propio intendente ahora dice que tiene que valer el triple de eso. No hay lógica.

No digo con esto que todo aumento sea injusto o que no pueda discutirse, lo que si digo es que una tarifa es justa solo si es calculada de forma exacta, si se corresponde con un servicio de calidad y no resulta imposible de pagar. El criterio para definir una tarifa no debe ser solo la justa renta empresaria, estamos hablando de un servicio público, no de un negocio privado que siempre va sobre seguro.

Otro elemento para tener siempre presente es el contexto y la sensibilidad política a ese contexto. Estamos ante una de las pandemias más importantes de la historia de la humanidad, que ha tenido profundos costos sociales y económicos, a la vez que debatimos el transporte para los próximos 20 o 30 años, todo esto al borde de una emergencia en el servicio por la incapacidad del Ejecutivo Local. A este coctel explosivo se suma un aumento excesivo e inoportuno que pone al usuario como variable de ajuste y garante de la ganancia empresarial.

◾️ Envía tu artículo de opinión a [info@arrobamdp.com.ar]