El ex funcionario macrista está acusado por habilitar en 2018 a las empresas distribuidoras de gas a cobrar un incremento extra a partir de enero de 2019 en las tarifas, para compensar los efectos de la devaluación del peso, en detrimento de los usuarios.

El exministro de Energía del Gobierno de Cambiemos, Javier Iguacel, será indagado esta semana por la jueza federal María Servini, en una causa que lo investiga por haber obligado a los usuarios de gas a compensar a las distribuidoras de ese servicio por los efectos de la devaluación, de acuerdo con una resolución del 2018.

Iguacel había sido convocado para el 27 de noviembre del año pasado, pero pidió postergar el trámite y ahora quedó reprogramado para el miércoles próximo, 10 de marzo, informaron fuentes judiciales.

La indagatoria había sido requerida por la fiscal federal Paloma Ochoa, en el marco de la causa en la que se investiga el dictado, en 2018, de la Resolución 20, con la que Iguacel había habilitado a las empresas distribuidoras de gas a cobrar un incremento extra a partir de enero de 2019 en las tarifas para compensar los efectos de la devaluación del peso, en detrimento de los usuarios.

Para la representante del Ministerio Público Fiscal, el entonces secretario de Energía “evidenció su interés directo en beneficiar a las empresas de distribución de gas, garantizándoles un ingreso económico extraordinario y fraudulento”.

En el requerimiento que le elevó a la jueza Servini, la fiscal Ochoa señaló que la maniobra fue en perjuicio de los "usuarios-consumidores, en cuya cabeza fijó la obligación de abonar un aumento tarifario indebido, como así también, subsidiariamente, en perjuicio del Estado Federal argentino que como garante de la prestación del servicio público también resultó abusiva e indebidamente obligado".

Si bien la resolución cuestionada fue dejada sin efecto, la fiscalía a cargo de la investigación penal solicitó en agosto que se declarara su nulidad absoluta e insanable.

La Resolución 20/2018 habilitaba a las distribuidoras de gas a exigir a los usuarios un pago extra, en 24 cuotas, para compensar las pérdidas o lo que se hubieren perdido de ganar las empresas por la devaluación del tipo de cambio ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri.

Fuente: Télam